El Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial), es una evaluación internacional que mide qué tanto los países respetan y aplican el Estado de derecho en la práctica.
Su importancia radica en que permite identificar las fortalezas y debilidades de los sistemas de justicia, las instituciones públicas y los mecanismos de protección de derechos, así como comparar el desempeño de los países.
¿Qué mide el índice?
El estudio evalúa ocho factores principales:
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Límites al poder gubernamental: controles institucionales, legislativos y judiciales sobre el ejercicio del poder.
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Ausencia de corrupción: prácticas corruptas en el gobierno, el Poder Judicial, la policía y las fuerzas armadas.
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Gobierno abierto: transparencia, acceso a la información y participación ciudadana.
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Derechos fundamentales: protección de derechos humanos, igualdad y libertades.
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Orden y seguridad: seguridad pública, control de la violencia y estabilidad.
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Cumplimiento regulatorio: aplicación efectiva de las leyes y regulaciones, sin arbitrariedad.
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Justicia civil: accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos para resolver controversias.
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Justicia penal: funcionamiento del sistema penal, investigaciones, procesos y cumplimiento de las garantías procesales.
La calificación general se expresa en una escala de 0 a 1: cuanto más cerca de 1, mayor es el nivel de Estado de derecho.
Principales hallazgos internacionales de 2026
El hallazgo central del informe es que el Estado de derecho continúa debilitándose a escala mundial. Aunque en 2026 disminuyó la cantidad de países que registraron retrocesos respecto al año anterior, las tendencias negativas siguen predominando.
Los resultados más importantes son:
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62% de los países evaluados registró un deterioro en su Estado de derecho, frente a 38% que presentó mejoras.
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86% de los países experimentó, durante los últimos cinco años, un retroceso sostenido en al menos uno de estos ámbitos: límites al poder gubernamental, gobierno abierto o derechos fundamentales.
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Libertad de expresión: disminuyó en 64% de los países.
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Libertad de reunión y asociación: retrocedió en 67%.
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Participación ciudadana: presentó un deterioro en 65%.
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Justicia civil: empeoró en 64% de los países.
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Justicia penal: registró retrocesos en 58%.
El informe identifica como una de las principales causas el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la interferencia del Poder Ejecutivo en los sistemas de justicia y las restricciones al espacio cívico.
También advierte que el deterioro del Estado de derecho tiene consecuencias económicas: los países con instituciones más sólidas tienden a presentar mayor estabilidad de precios, mejores condiciones de crédito y mayores niveles de prosperidad.
Accede al informe completo aquí

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