ARANXA SÁNCHEZ

Economista principal Bankaool

En México hay más de 27 millones de mujeres que no están disponibles para trabajar en el mercado laboral remunerado por la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados. A pesar de conocer que el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representa el 24% del PIB. Al mismo tiempo enfrentamos una desaceleración en el crecimiento económico, en la recaudación tributaria, en la generación de empleos formales y en la inversión privada.

Más allá de la desigualdad estructural que provoca la distribución asimétrica del trabajo doméstico y de cuidados, la subutilización de las mujeres (encargadas de tareas no reconocidas, no remuneradas y de baja productividad de los factores) está generando modelos económicos que rozan la distopía.

Mientras se discute quién debe financiar el derecho al cuidado, la subocupación y la informalidad se convierten en la salida práctica de las Pymes: ofrecen la flexibilidad de horarios y la presencialidad que exige el trabajo reproductivo y los cuidados diarios de las infancias, las juventudes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad e incluso el autocuidado.

¿Cómo cambiar esta realidad? Además de respetar calendarios escolares y reconocer el rol de las escuelas en el cuidado, se requiere inversión. Esa inversión puede y debe compartirse entre el sector público y el privado. Hoy vemos en el país la construcción de plazas comerciales, parques industriales y corredores turísticos; esos desarrollos pueden y deben incorporar soluciones de trabajo de cuidados.

Actualmente ya existen precedentes: en la CDMX desde 2010 se exigen elementos de impacto urbano, movilidad y ambientales a desarrolladores de proyectos de alto impacto; y desde 2017 a nivel nacional hay convenios del IMSS para guarderías con empresas y establecimientos ¿Por qué no adecuamos la normatividad nacional para la obligatoriedad en proyectos de alto impacto para contar con centros de cuidados para todos los grupos poblacionales ejecutados por personas certificadas?

Muchos proyectos se financian mediante vehículos como FIBRAS, CKDS y CERPIS, que desde este año están obligados a reportar criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y serán auditables en ejercicios futuros. Estos marcos de sostenibilidad podrían incluir indicadores de género vinculados a centros de cuidado formales dentro de proyectos de alto impacto.

¿Quiénes podrían invertir? Las Siefores, que administran un portafolio cercano al 24% del PIB, ya tienen obligaciones de inversión con criterios ASG y regímenes que les permiten destinar hasta 12.5% a FIBRAS y 30% a CKDS y CERPIS para generaciones jóvenes. Imaginemos un modelo donde inversionistas institucionales financian infraestructura de cuidados para aumentar la inserción laboral femenina: mayor empleo remunerado, mayor empleo formal, mayor recaudación, mayores aportaciones voluntarias y menor presión sobre el gasto público en pensiones (que alcanzará un pico relevante entre 2036-2038).

Esto puede complementarse con campañas de concientización para el uso de la población de estos centros de cuidados, políticas de cuidados y emisiones de bonos de género por parte de desarrolladores inmobiliarios, que incentiven al mercado bursátil a financiar impacto social real que logre: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. El mercado exige cada vez más activos sostenibles y la oferta corporativa sigue siendo insuficiente.

Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías del patriarcado heteronormado han contribuido a que no alcancemos nuestro PIB potencial, a perpetuar la falta de autonomía económica de las mujeres y a tolerar la violencia sistemática. Es momento de un cambio. Es tiempo de mujeres, de vehículos financieros sostenibles y de invertir en un Sistema Nacional de Cuidados.

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