Pocos temas del feminismo dependen tanto de la política como el debate alrededor del trabajo sexual. Allá por 1980, las ideas de Andrea Dworkin y de la jurista Catharine MacKinnon marcaron las bases del llamado feminismo radical, entonces asociado a la dureza de sus argumentos contra la prostitución y la pornografía. Su vehemencia por erradicarlas llevó a Dworkin a aliarse con grupos conservadores, lo que propició que la corriente abolicionista quedara ligada a estos grupos. Pero hoy, en ciertos países europeos se reabre el debate político y, en algunos casos, se quiebra esta alianza que, quizá, duró demasiados años.
La editorial Debate ha reeditado Odiar a las mujeres (2026), de Andrea Dworkin, publicado originalmente en 1981, y ha vuelto a poner sobre la mesa el tema, interpelando a las entrañas del movimiento feminista. El 7 de octubre se edita Hambre de abolición (Destino), de la poeta y escritora
Noemí Trujillo, un manifiesto contra lo que considera una grave injusticia estructural. Vuelven las preguntas de la segunda ola, aunque renovadas tras años de leyes que han permitido poner a prueba diferentes posturas: ¿es el trabajo sexual una actividad laboral como cualquier otra o es una forma de sometimiento de la mujer? ¿Tiene sentido aspirar a su abolición o mejor luchar por su regulación? ¿Qué tal ha ido cuando se ha regulado?
Alice Schwarzer (Wuppertal, 83 años), referencia histórica del feminismo abolicionista y fundadora de la revista Emma, responde por correo electrónico. Su diagnóstico sobre la industria, contra la que lleva luchando 40 años, es lapidario, y no ve atenuantes en las nuevas formas digitales: “La prostitución es prostitución. Sea suave o dura, resulta igual de destructiva para la mujer, ya que se infiltra en lo más profundo de su ser: la convierte en un objeto, en mercancía, en alguien que se puede comprar”.
Este argumento teórico se complementa con uno empírico que se basa en el daño que sufren las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Para Rosa Cobo, profesora de Sociología del Género, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y autora de La ficción del consentimiento sexual, el trabajo sexual “representa el triunfo absoluto del capitalismo”. Cree que ser feminista es incompatible con estar a favor de la prostitución: “El feminismo ha luchado para que la sexualidad de las mujeres esté basada en el deseo. La prostitución se funda en el deseo masculino y niega el deseo de las mujeres”.
Es difícil demostrar que existe relación de causalidad entre el machismo y el trabajo sexual, aunque es uno de los motivos principales por los que se aboga por su abolición. En el minucioso trabajo Is Sex Work Inherently Gendered? [¿es el trabajo sexual inherentemente sexista?], la investigadora inglesa Natasha McKeever se ocupa de desarmar los argumentos más repetidos: que los hombres pagan por sexo porque no encuentran pareja o que existe una asimetría socioeconómica entre comprador y vendedora. Los números no respaldan estos enunciados. Quizá el dato más desconcertante sea el siguiente: en el Reino Unido, durante un periodo de avances en igualdad de género (1990-2010), el porcentaje de hombres que declararon haber pagado por sexo aumentó dos puntos. Para Keever, incluso, hay elección, y muchas se dedican al trabajo sexual por motivos que trascienden la pobreza, en especial desde el boom de internet. “Las estudiantes, por ejemplo. Es una mejor opción para hacer dinero”, reflexiona al teléfono. “Hay personas que genuinamente quieren ejercer el trabajo sexual”.
Y aquí radican los argumentos más fuertes a favor de regularlo: la libertad de elección y la desacralización del cuerpo. Para Martha Nussbaum, todas las personas que trabajan reciben dinero por el uso del cuerpo. Que para ejercer la prostitución se usen ciertas partes del cuerpo y que ello esté mal visto es puramente un prejuicio. El problema surge cuando en situación de pobreza una mujer no tiene alternativas. Por ello, sostiene en un artículo: “La legalización de la prostitución mejora las condiciones para las mujeres que tienen muy pocas opciones”.
Además, prosigue esta postura, la coerción y la explotación pueden ocurrir en cualquier trabajo. Erin O’Brien, doctora en Ciencias Políticas, se reconoce feminista y regulacionista. Cree que reconocer el trabajo sexual como un trabajo permite la protección de la ley sin miedo al estigma, señala por correo electrónico. Rechaza las leyes conocidas como neoabolicionistas, que castigan a los clientes y buscan el fin de la demanda del trabajo sexual. Considera que son ineficientes y “se acercan más a una política simbólica que a leyes reales que protejan la salud, les den seguridad [a quienes ejercen] y garanticen sus derechos humanos”.
Tras pasar por todas las posturas en el debate, Mabel Lozano (58 años) es militante del abolicionismo. Filmó cortos y documentales sobre el tema, y es de las que creen, argumenta en conversación telefónica, que la postura innovadora consiste en prohibir el trabajo sexual y no en regularlo. “No hay nada más conservador, más casposo, que pensar que la prostitución puede ser un empleo. Es lo que han querido los proxenetas toda la vida. Yo he trabajado con un proxeneta que me decía: ‘Cuando escucho esas voces [regulacionistas] pienso que no hay ni que corromperlas, piensan lo mismo que yo”.
En la coyuntura política europea, el debate vuelve a sonar, aunque de diferentes formas. En España, el PSOE lleva ocho años intentando aprobar la abolición del trabajo sexual. Después del caso Koldo y su vinculación con la prostitución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que, aunque el texto no salga adelante, se abrirá un debate público e incluso, quizás, parlamentario. Sumar aún no ha llegado a ver el proyecto, pero la postura general del partido busca derogar la ley mordaza, que multa a estas mujeres, y reformar la Ley de Extranjería, que “condena a miles de mujeres a la irregularidad y la exclusión”. Más allá de esto y de la voluntad de escuchar a las mujeres que ejercen esta actividad, dentro del partido existen diferentes posturas.
Del otro lado de Europa, en Alemania, crece el arrepentimiento tras dos décadas de regulación: la Unión Demócrata Cristiana defiende derogar la ley porque el país se convirtió, dice, en “el burdel de Europa”. Y en menor medida, aunque de una manera inesperada, en Francia también reaparece el tema. Un diputado del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional propuso reabrir los burdeles y que sean gestionados por las trabajadoras sexuales, “como cooperativas”. La propuesta aparece como solución al rechazo por parte de las trabajadoras sexuales de la ley que desde 2016 penaliza a los clientes (y provoca, alegan, condiciones de trabajo más peligrosas).
Como evidencia el caso de Francia, las trabajadoras sexuales tienen sus propios intereses y se inclinan a la regulación. Para Cobo, la autodeterminación de las mujeres y sobre sí mismas es fundamental para el avance del feminismo; para ella, el trabajo sexual es uno de esos casos en los que se llega al límite de lo correcto: “Extraer plusvalía sexual de nuestro cuerpo es éticamente inaceptable. Tampoco lo sería que alguien decretase su propia esclavitud”. El debate es (una vez más) un desfase entre la ética y la política.

Foto: France 24

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