Este sindicato, dirigido por Carlos Pavón Campos, fue el único que se amparó en contra de la adhesión de la fracción VIII al Artículo 127 de la Ley Laboral, que pone un tope de tres meses al pago de utilidades.
Señaló que el tope a la Participación de los Trabajadores de las Utilidades (PTU) trajo un impacto en el bolsillo de los mineros de hasta 90 por ciento de los ingresos que percibían por este derecho.
Por lo tanto, el amparo permitirá a los trabajadores de la Sección 120 recuperar los ingresos perdidos a raíz del tope, que fue impuesto en 2021.
Pavón explicó que las utilidades a repartir serán equivalentes a 10 por ciento de las ganancias totales que reportó la empresa desde ese año ante la Secretaria de Hacienda (SHCP) y no topadas a tres meses.
“Cada unidad nos afectó, el año pasado, una mina en San Julián nos afectó en 89 millones de pesos, que no recibieron los trabajadores; en Fresnillo, 40 millones, en todas nos afectó”, describió Pavón.
Puso el ejemplo de una mina nueva, en Juanicipio, donde de 283 millones de pesos de utilidades que obtuvo la empresa, solo se repartieron 33 millones.
El secretario general del FRENTE dijo que si se logra que se declare anticonstitucional la fracción que limita el pago de utilidades, serán beneficiados todos los que las reciben.
“Este amparo beneficiará a los trabajadores porque aumentarán su poder adquisitivo, se les retribuirá de manera justa y equitativa su participación en las ganancias de la empresa, además de que el Gobierno se verá beneficiado, porque se pagará el impuesto correspondiente”, señaló.
A raíz de la reforma en materia de subcontratación, en 2021, se realizó una modificación al reparto de utilidades.
Por ley, las empresas deben repartir 10 por ciento de sus utilidades netas entre los trabajadores.
Pero en la reforma se incluyó un tope del reparto de utilidades de tres meses del salario del trabajador o el promedio de lo recibido en los últimos tres años, lo que más le beneficie.
Según las negociaciones que en su momento llevaron a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el sector privado, el tope les permitiría a las empresas reconocer al personal que se encontraba subcontratado y sumarlo a la nómina principal.
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