Con Información de la Jornada y de la Cámara de Diputados
En un momento de intensa actividad legislativa en México, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha puesto en la agenda dos temas cruciales que prometen impactar significativamente en el tejido social y económico del país. Por un lado, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales se encuentra en un punto crítico, con un fuerte llamado a la participación tanto de organismos empresariales como de centrales obreras para consolidar una propuesta unificada que pueda ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados. Por otro lado, la seguridad nacional y el proceso electoral se perfilan como áreas de atención prioritaria, con reuniones programadas que buscan fortalecer el marco de acción frente a los retos que presenta el panorama actual de seguridad en el país.
La propuesta de reducir la jornada laboral, liderada por la diputada Susana Prieto, se encuentra en una carrera contra el tiempo para ser discutida antes del término del periodo ordinario el próximo 30 de abril. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió posponer esta discusión hasta después de las elecciones del 2 de junio, la diputada Prieto ha sido una figura activa en la promoción de esta reforma, logrando recolectar cerca de 70 mil firmas de apoyo a través de las redes sociales. Esta iniciativa no solo busca modificar la actual jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sino también incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días, medidas que, según sus proponentes, mejorarían significativamente las condiciones de trabajo en el país.
En el ámbito de la seguridad y el proceso electoral, Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, ha destacado la importancia de las reuniones programadas con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral. La disminución de homicidios dolosos en un 22% desde 2018 es un indicativo de progreso, aunque se reconoce la existencia de regiones específicas donde los desafíos de seguridad siguen siendo significativos. La estrategia se centra en garantizar un proceso electoral en un clima de seguridad, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y segura.
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