–MAR CENTENERA CONSTANZA LAMBERTUCCI
El País
Javier Milei cree que “el Estado es el enemigo”, “una asociación criminal” a la que busca reducir a su mínima expresión entre críticas y aplausos de una sociedad polarizada. Cuando asumió como presidente de Argentina, en diciembre, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y esta semana ordenó 15.000 despidos más. Se avecinan nuevos ceses de personal a mitad de año, pero no se sabe cuántos ni quiénes serán. En ese clima de incertidumbre están unos 50.000 trabajadores: son los que no tienen una plaza fija, sino contratos temporales. Antes se los renovaban una vez al año; ahora, saben que sus puestos sigue en revisión por tres o seis meses más.
“Estamos viviendo una situación de terror psicológico”, afirmaba una trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia el pasado miércoles. Tenía miedo a dar su nombre por posibles represalias, como otros de los entrevistados. “Milei dijo que iba a haber 70.000 despidos, luego dijeron que 15.000, que 20.000. Ese ida y vuelta impacta de una manera garrafal en nuestra salud mental y en la vida cotidiana, está todo el mundo paralizado sin saber qué va a pasar, nadie sabe quién será el próximo”, agregó horas antes de que los superiores comenzasen a notificar a quiénes no iban a renovar los contratos que vencen el 31 de marzo. Esa Secretaría es la dependencia estatal más afectada, con 1.656 bajas, casi la mitad de las 3.600 registradas en todo el Ministerio de Capital Humano.
Milei anunció desde el primer día que se avecinaba un importante recorte del personal estatal. Como primera medida exigió un 100% de presencialidad para desenmascarar a los “ñoquis”, como se conoce en Argentina a los trabajadores estatales ficticios, colocados por los partidos, que solo acuden a la oficina un día al mes para cobrar. Se llaman así porque los gnocchi, plato típico italiano, se sirven el 29 de cada mes en los restaurantes, y es una fecha cercana a la del cobro de sueldos.
A punto de cumplir cuatro meses de mandato, la orden de Milei fue reducir entre el 15% y el 20% del personal estatal con contratos temporales. El argumento oficial es que Argentina es “un país empobrecido” con un Estado demasiado grande e ineficiente. “Me parece que hay un consenso bastante generalizado de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina que vivimos y con el tamaño del Estado que la gente votó en las urnas”, dijo el miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Según un análisis de la Fundación Mediterránea, a mitad de 2023 Argentina empleaba a 20 trabajadores estatales por cada 100.000 ocupados, una relación que ponía al país sexto en la lista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo por debajo de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia. En términos cualitativos, sin embargo, el país se coloca debajo de la mitad de la tabla en un índice del Banco Mundial que mide la eficacia de gobierno y donde obtuvo un puntaje de 41,9 sobre 100 en 2022.
Algunos empleados intuían desde hacía semanas que su nombre estaba en la lista de despidos. Es el caso de quienes trabajaban en la sección de pauta [publicidad] oficial, cancelada por Milei durante un año. “Una oficina que trabajaba a destajo se paralizó y nos quedamos sin funciones”, dice una de las trabajadoras despedidas. Lamenta que por esa decisión el Gobierno no haya lanzado una campaña de prevención del dengue en los medios aun cuando Argentina atraviesa el peor brote de su historia, con más de 150.000 casos y 106 muertos.
Los empleados de esta sección iban cada día a cumplir su jornada laboral de ocho horas sin tener nada que hacer. “Era tortura psicológica”, señala la entrevistada despedida. Su mayor temor, confirmado dos días atrás, era quedarse sin el seguro médico que provee el Estado y gracias al que su hijo con discapacidad podía acceder a tratamientos que ahora quedarán interrumpidos.
Muchos intentaron anticiparse y encontrar trabajo en una empresa privada, pero casi ninguno lo logró: Argentina está en medio de una crisis económica y donde la mayoría de empresas no contrata, sino que reduce personal. En enero, último mes con datos oficiales, la actividad económica cayó un 4,3% respecto a 12 meses antes, la peor contracción desde la pandemia de covid.
En su última comparecencia, el portavoz presidencial aseguró que la selección de los empleados que iban a despedir fue un trabajo “extremadamente quirúrgico para no cometer errores, que nadie pierda su trabajo que no lo merezca”. Los entrevistados, en cambio, opinan que se hizo al azar. Entre los despedidos hay personas que comenzaron a trabajar en el Estado durante el kirchnerismo, pero también durante el macrismo (2015-2019), hoy aliado de Milei en el Congreso. Hay jóvenes y otros cerca de la jubilación. Hay personas con familiares a cargo y delegados sindicales a los que es ilegal despedir.
“No hubo un criterio en los listados. Echaron a gente que había entrado en los últimos años y a otros con 15, 20 años de experiencia”, asegura Natalia, quien trabajó desde 2017 en la Agencia de Seguridad Vial. “A cada uno lo citaba su superior inmediato y le decía que su contrato no iba a ser renovado. Fuimos bajando de distintos pisos, todos llorando porque no entendíamos”, cuenta. Natalia considera irresponsable haber cesado personal justo antes de un fin de semana largo de seis días: “Todos los agentes deberían estar en la ruta haciendo controles de alcoholemia y de velocidad, esto muestra un desinterés total del Gobierno por la seguridad vial”.
Los sindicatos han organizado protestas frente a las sedes oficiales en una atmósfera de tensión. La semana pasada, frente a la Secretaría de Derechos Humanos, un custodio del secretario Alberto Baños “intentó sacar un arma de fuego delante de los trabajadores”, según denuncia la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a la mitad de los cerca de 1.000 trabajadores de la secretaría. “De ninguna manera vamos a permitir hechos de amedrentamiento”.
La situación se repite en empresas y organismos estatales.En febrero, Milei decretó la intervención durante un año de todos los medios estatales como parte de un plan para la “reorganización de las empresas públicas”. En algunos casos, como Radio Nacional o TV Pública, ha habido despidos; en la agencia estatal de noticias Télam, que Milei dice que quiere cerrar, todos los trabajadores están suspendidos y se les impide el acceso a las instalaciones. En el Conicet, el principal organismo de investigación científica de Argentina, ha habido ya 140 despidos, pero la motosierra ha pasado también por las becas doctorales. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tampoco se ha librado de los despidos.
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