Jurisprudencias más relevantes en Materia Laboral
Primer Semestre 2026
Índice
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.
CONFLICTOS POR SEPARACIÓN DE JUICIOS LABORALES.
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA LABORAL.
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN MATERIA LABORAL.
Registro digital: 2032077
Instancia: Plenos Regionales
Duodécima Época
Materias(s): Laboral, Común
Tesis: PR.P.T.CN. J/6 L (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la resolución incidental de insumisión al arbitraje y durante el trámite del amparo indirecto el Tribunal Laboral dicta sentencia respecto de las prestaciones autónomas que no fueron materia de la litis incidental.
Mientras que uno sostuvo que no se actualiza, porque las prestaciones analizadas en el incidente de insumisión son autónomas respecto de las resueltas en la sentencia emitida por el Tribunal Laboral; el otro determinó que el cambio de situación jurídica se materializa ante la imposibilidad de restablecer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado.
Criterio Jurídico: La emisión de la sentencia definitiva en el juicio laboral respecto de las prestaciones que no formaron parte del incidente de insumisión al arbitraje no actualiza la causa de improcedencia del amparo indirecto por cambio de situación jurídica.
Justificación: Acorde con los artículos 49, 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo, la insumisión al arbitraje tiene el carácter de una excepción al derecho a la estabilidad en el empleo. Ello, porque de declararse fundada exime de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes, debiéndose continuar con el juicio laboral únicamente por cuanto hace a las prestaciones restantes.
La resolución dictada en dicho incidente es impugnable en amparo indirecto al tratarse de un acto de imposible reparación, en tanto que vulnera el derecho sustantivo a la estabilidad en el empleo, máxime que aun cuando se obtuviera sentencia favorable respecto de las prestaciones que no formaron parte de la litis incidental, no se podría restituir tal derecho sustantivo al no ser materia de estudio en la sentencia.
Por ese motivo, si pese a la tramitación del amparo indirecto se continúa con el juicio laboral y se dicta sentencia respecto de las prestaciones que no formaron parte del referido incidente, tal circunstancia no actualiza la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica.
Para ello es necesario que se cumplan todos los requisitos analizados en la tesis aislada 2a. CXI/96 de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que aun cuando se haya emitido sentencia en el juicio laboral respecto de ciertas prestaciones, no obstante las mismas continúan rigiéndose por lo resuelto en el propio incidente, principalmente por cuanto hace al periodo de condena y su cuantificación.
Considerar lo contrario dejaría en estado de indefensión a la parte trabajadora, quien no podría impugnar en una vía diversa lo resuelto en dicho incidente.
En ese tenor, si al conocer del amparo indirecto o, en su caso, del recurso de revisión, se determina la ilegalidad de la resolución incidental y en el juicio laboral se dictó sentencia, entonces, se concederá el amparo para el efecto de que el Tribunal Laboral: 1) deje insubsistentes la resolución reclamada y la sentencia emitida en el juicio laboral; 2) reponga el procedimiento, para lo cual el órgano de amparo deberá ponderar caso por caso qué actuaciones procesales podrán o no subsistir; 3) dicte una nueva resolución en la que se declare infundado el incidente; y 4) continúe con la tramitación del juicio hasta la emisión de una nueva sentencia.
Por otra parte, si la resolución incidental reclamada aun no causa estado por encontrarse en trámite el juicio de amparo indirecto o el recurso de revisión, entonces, el Tribunal Laboral deberá continuar con la secuela procesal únicamente respecto de las prestaciones que no forman parte de la litis incidental, absteniéndose de emitir sentencia hasta en tanto quede firme la resolución que dirimió el incidente de insumisión al arbitraje.
Lo anterior, con la finalidad de evitar la tramitación de juicios ociosos en detrimento del derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 constitucional, y del principio de celeridad previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2032080
Instancia: Plenos Regionales
Duodécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: PR.P.T.CS. J/10 L (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
CONFLICTOS POR SEPARACIÓN DE JUICIOS LABORALES
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al establecer los alcances de la improcedencia de la separación de juicios decretada por un Tribunal Laboral.
Mientras que uno consideró que, derivado de dicha improcedencia, únicamente debía ordenarse la reincorporación al juicio primigenio de los asuntos que fueron materia del conflicto; el otro determinó que los efectos de la decisión adoptada debían ser amplios, abiertos y atrayentes, por lo que la persona juzgadora que previno en el conocimiento de la demanda debía recabar y reintegrar la totalidad de los juicios que fueron incorrectamente separados.
Criterio Jurídico: Si al resolver un conflicto de separación de juicios laborales el Tribunal Colegiado de Circuito determina que la separación decretada resultaba improcedente, su decisión debe limitarse a reintegrar la demanda respectiva a la persona juzgadora que originalmente previno, sin que pueda comprender otros casos.
Justificación: Los conflictos de separación de juicios laborales no se generan en el momento en el que la persona juzgadora que previene en el conocimiento de la demanda ordena dicha separación, sino ante la no aceptación por parte de la diversa a quien le es turnado alguno de los asuntos derivados de aquélla, al ser órganos facultados jurisprudencialmente para plantear tales controversias, conforme a la tesis jurisprudencial de este Pleno Regional PR.P.T.CS. J/23 L (11a.).
Así, la finalidad de los conflictos por separación de juicios laborales consiste en definir si la demanda respecto de la cual la persona juzgadora considera improcedente la separación debe ser reincorporada o no a la primigenia, mediante la aplicación en sentido inverso de las reglas referentes a la acumulación de juicios contenidas en la Ley Federal del Trabajo, como lo determinó este Pleno Regional en la diversa jurisprudencia PR.P.T.CS. J/22 L (11a.).
En este sentido, las partes que intervienen en el conflicto de separación de juicios son precisamente los tribunales laborales entre los que existe disenso respecto de la separación decretada, de tal suerte que la materia del asunto se encuentra circunscrita a resolver ese diferendo, es decir: a) si la separación resultaba procedente sobre determinada persona actora, en cuyo caso deberá mantenerse el estado de separación de autos y devolverse a los órganos respectivos para su resolución; o, b) de estimarse improcedente, reintegrar la demanda materia de controversia indebidamente separada al órgano jurisdiccional que originalmente previno, sin que pueda comprender otras demandas ajenas a las que dieron origen al conflicto, pues este proceder se apartaría de la litis y los alcances del conflicto de separación de juicios planteado por los tribunales laborales contendientes.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2032109
Instancia: Plenos Regionales
Duodécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: PR.P.T.CS. J/9 L (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el requisito previsto en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a que la prueba de inspección debe ofrecerse en sentido afirmativo fijando los hechos que se pretenden acreditar. Mientras que uno determinó que su ofrecimiento exige una narrativa detallada y exhaustiva de cada circunstancia fáctica; el otro estimó que basta con precisar el objeto de la prueba y los hechos controvertidos para cumplir con el requisito legal.
Criterio Jurídico: La prueba de inspección debe ofrecerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que pretenden acreditar, sin que dicho requisito deba interpretarse como una exigencia de rigorismo técnico o exhaustividad descriptiva.
Justificación: Conforme a los artículos 685 y 827 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, el proceso laboral se rige por los principios de sencillez, economía y primacía de la realidad sobre los formalismos procesales. Por tanto, exigir una narrativa técnica exhaustiva para el ofrecimiento de la prueba de inspección, resulta desproporcionado y contrario al carácter tutelar del derecho del trabajo, pues ello obstaculiza el acceso a la justicia.
Si bien la exigencia de que los puntos sobre los que versará la prueba se formulen en “sentido afirmativo” busca claridad sobre el objeto de la inspección, esto no debe traducirse en una carga excesiva para la parte oferente en la exigencia de detallar pormenores que obran en los documentos o datos que ya integran la litis.
Lo anterior cobra especial relevancia cuando la inspección recae sobre documentos que la patronal tiene la obligación legal de conservar y exhibir, conforme a los artículos 784 y 804 de la ley citada.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2032268
Instancia: Pleno
Duodécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: P./J. 126/2026 (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA LABORAL.
Hechos: Una mujer trabajadora demandó de la Universidad Nacional Autónoma de México la prórroga del contrato individual de trabajo, la reinstalación y diversas prestaciones. Además, manifestó que sufrió acoso laboral por parte de su superior jerárquico, y que, derivado de ello, le fue modificada la temporalidad de la contratación, aspecto sobre el cual la Junta responsable fue omisa en pronunciarse al dictar el laudo.
La actora promovió amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito lo negó al calificar como infundados los conceptos de violación. Estimó que no existieron indicios de discriminación en el empleo, por lo que no era necesario aplicar la perspectiva de género, aun cuando se reclamó el acoso laboral en su vertiente vertical descendente. La quejosa interpuso recurso de revisión.
Criterio Jurídico: Las autoridades juzgadoras deben aplicar la perspectiva de género cuando la trabajadora argumenta que sufrió acoso laboral en su vertiente vertical descendente. Ese señalamiento es suficiente para considerar la posible existencia de una situación asimétrica de poder y una categoría sospechosa por razón de género.
Justificación: Los artículos 1o. y 123 constitucionales establecen que la protección contra actos de acoso laboral deriva de las obligaciones tanto del Estado como de los empleadores para preservar entornos laborales libres de violencia y discriminación, e implementar medidas efectivas de prevención, atención y sanción que garanticen la igualdad sustantiva en los ambientes de trabajo, con base en el respeto a la dignidad humana.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales impartan justicia con perspectiva de género. Ello implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, pueden generar discriminación e impedir la igualdad.
Cuando en el juicio laboral la parte actora argumenta que sufrió acoso laboral en su vertiente vertical descendente, con el fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad, la persona juzgadora debe aplicar la perspectiva de género como una herramienta interpretativa que requiere: 1) reconocer el contexto socio-cultural en que se desenvuelve la mujer y, 2) eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja; lo que exige una protección del Estado para lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.
Al detectarse una situación de asimetría que provoque un desequilibrio entre las partes, se deben analizar los hechos y ordenar las pruebas necesarias, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución, la cual atenderá a cada situación particular.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2032430
Instancia: Plenos Regionales
Duodécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: PR.P.T.CS. J/18 L (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN MATERIA LABORAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede admitir la prueba pericial contable ofrecida con el objeto de realizar operaciones matemáticas para cuantificar el salario integrado o las condenas de carácter económico precisadas en un laudo.
Mientras que uno estimó que dicha prueba es inadmisible, al tratarse de una cuestión jurídica que corresponde resolver al órgano jurisdiccional laboral con base en los elementos probatorios aportados por las partes; el otro consideró que es admisible cuando, en el incidente de liquidación, deben efectuarse operaciones matemáticas derivadas de índices y fórmulas previstas en el contrato colectivo para cuantificar diversos conceptos económicos.
Al conocer de la contradicción de criterios este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿El hecho de requerir realizar operaciones matemáticas para cuantificar el salario integrado o cuantificar las condenas en un incidente de liquidación que deriven del pago de prestaciones contenidas en un contrato colectivo de trabajo, justifica la admisión de la prueba pericial contable?
Criterio jurídico: Por regla general es inadmisible la prueba pericial contable en el procedimiento laboral, cuando tenga por objeto cuantificar el salario integrado o las condenas decretadas en un laudo o sentencia, supuesto en el que no resultan indispensables conocimientos técnicos especializados en materia de contaduría.
Justificación: Conforme a los artículos 776 y 821 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba pericial únicamente será admisible cuando resulte indispensable que el tribunal se auxilie de la opinión de personas especialistas, por requerirse conocimientos en la materia que dominan. Su función consistirá, precisamente, en ilustrar sobre una cuestión técnica o científica respecto de la cual la autoridad jurisdiccional no cuente con los conocimientos especializados.
La prueba pericial contable consiste en el análisis llevado a cabo por una persona contadora pública titulada que revisa exhaustivamente información financiera, fiscal o contable y documentación legal. Su función principal es aportar claridad sobre la forma, términos o mecánica en que se debe cuantificar determinada prestación en numerario.
En ese contexto, la necesidad de realizar operaciones matemáticas para cuantificar las condenas económicas establecidas en un laudo o sentencia ejecutoriada no justifica la admisibilidad de la prueba pericial contable, porque para llevar a cabo tal actividad con precisión, no se requiere necesariamente de conocimientos técnicos especializados.
En consecuencia, la autoridad laboral como experta en derecho, válidamente puede realizar los cálculos respectivos, con base en el análisis de los elementos de convicción aportados por las partes.
Entonces, la admisión de la prueba pericial contable en el proceso laboral debe estar debidamente justificada en la necesidad de que la autoridad jurisdiccional se auxilie de los conocimientos de la experta especializada en cuestiones en las que aquélla no tenga pleno dominio, como podrían ser conocimientos en actos u operaciones mercantiles, comerciales, industriales y/o financieras, que se relacionen con los hechos controvertidos.
*English version
Radar Laboral presents the most relevant case law so far this year
Most Relevant Case Law in Labor Matters
First Half of 2026
Index
CHANGE OF LEGAL STATUS
CONFLICTS ARISING FROM SEPARATION OF LABOR LAWSUITS
INSPECTION EVIDENCE IN LABOR PROCEEDINGS
GENDER PERSPECTIVE IN LABOR MATTERS
ACCOUNTING EXPERT EVIDENCE IN LABOR MATTERS
Digital Record: 2032077
Instance: Regional Plenary Sessions
Twelfth Epoch
Subject(s): Labor, General
Thesis: PR.P.T.CN. J/6 L (12th)
Source: Judicial Weekly of the Federation
Type: Case Law
CHANGE OF LEGAL STATUS
Facts: The opposing Circuit Courts of Appeals held contradictory opinions when analyzing whether the grounds for inadmissibility related to a change in legal status, provided for in Article 61, Section XVII, of the Amparo Law, apply when the challenged act consists of an incidental ruling on the refusal to submit to arbitration, and during the indirect amparo proceedings, the Labor Court issues a judgment regarding the independent benefits that were not the subject of the incidental litigation.
While one court held that the grounds do not apply because the benefits analyzed in the refusal incident are independent of those resolved in the judgment issued by the Labor Court, the other determined that the change in legal status materializes due to the impossibility of restoring things to the state they were in before the issuance of the challenged act.
Legal Criterion: The issuance of a final judgment in a labor lawsuit regarding benefits not included in the arbitration refusal incident does not trigger the grounds for inadmissibility of indirect amparo proceedings due to a change in legal status.
Justification: In accordance with Articles 49, 50, and 947 of the Federal Labor Law, refusal to submit to arbitration constitutes an exception to the right to job security. This is because, if deemed valid, it exempts the employer from the obligation to reinstate the employee by paying the corresponding compensation, and the labor lawsuit must continue only with respect to the remaining benefits.
The ruling issued in said incident is subject to challenge through indirect amparo proceedings because it is an irreparable act, as it violates the substantive right to job security. Furthermore, even if a favorable judgment were obtained regarding the benefits not included in the incidental litigation, this substantive right could not be restored since it was not addressed in the judgment.
Therefore, if, despite the processing of the indirect amparo proceeding, the labor trial continues and a judgment is issued regarding the benefits that were not part of the aforementioned incident, this circumstance does not trigger the grounds for inadmissibility related to the change in legal status.
For this to occur, it is necessary that all the requirements analyzed in the isolated thesis 2a. CXI/96 of the now-defunct Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation be met. Thus, even if a judgment has been issued in the labor trial regarding certain benefits, these benefits continue to be governed by the decision in the incident itself, primarily concerning the period of the sentence and its quantification.
To consider otherwise would leave the worker defenseless, as they would be unable to challenge the decision in said incident through a different legal avenue.
In that regard, if, upon reviewing the indirect amparo proceeding or, where applicable, the appeal for review, the court determines the illegality of the interlocutory ruling and a judgment has been issued in the labor trial, then the amparo will be granted so that the Labor Court: 1) sets aside the challenged ruling and the judgment issued in the labor trial; 2) reinstates the proceedings, for which the amparo court must consider on a case-by-case basis which procedural actions may or may not be upheld; 3) issues a new ruling declaring the interlocutory ruling unfounded; and 4) continues with the proceedings until a new judgment is issued.
On the other hand, if the challenged interlocutory ruling has not yet become final because the indirect amparo proceeding or the appeal for review is pending, then the Labor Court must continue with the procedural steps only with respect to the claims that are not part of the interlocutory dispute, refraining from issuing a judgment until the ruling that resolved the incident of non-submission to arbitration becomes final.
This is in order to avoid the processing of idle lawsuits to the detriment of the right of access to prompt and expeditious justice, recognized by Article 17 of the Constitution, and the principle of celerity established in Article 685 of the Federal Labor Law.
Supreme Court of Justice of the Nation
Digital Registry: 2032080
Instance: Regional Plenary Sessions
Twelfth Epoch
Subject(s): Labor
Thesis: PR.P.T.CS. J/10 L (12a.)
Source: Judicial Weekly of the Federation
Type: Jurisprudence
CONFLICTS OVER SEPARATION OF LABOR LAWSUITS
Facts: The opposing Circuit Collegiate Courts upheld contradictory criteria in establishing the scope of the inadmissibility of the separation of lawsuits decreed by a Labor Court.
While one court considered that, as a result of said inadmissibility, only the reinstatement of the cases that were the subject of the conflict to the original lawsuit should be ordered; the other determined that the effects of the decision adopted should be broad, open, and compelling, and therefore the judge who first heard the case should collect and reinstate all the lawsuits that were incorrectly separated.
Legal Criterion: If, in resolving a conflict regarding the separation of labor lawsuits, the Collegiate Circuit Court determines that the ordered separation was improper, its decision must be limited to returning the respective lawsuit to the judge who originally took cognizance of the case, without encompassing other cases.
Justification: Conflicts regarding the separation of labor lawsuits do not arise when the judge who first takes cognizance of the lawsuit orders said separation, but rather when the judge to whom one of the cases derived from the former is assigned refuses to accept it. These judges are jurisprudentially empowered to raise such controversies, according to the jurisprudential thesis of this Regional Plenary Session PR.P.T.CS. J/23 L (11a.).
Thus, the purpose of disputes arising from the separation of labor lawsuits is to determine whether the claim for which the judge deems separation improper should be reinstated in the original case, by applying the rules regarding the consolidation of lawsuits contained in the Federal Labor Law in reverse, as determined by this Regional Plenary in the jurisprudence PR.P.T.CS. J/22 L (11th).
In this regard, the parties involved in the dispute over the separation of lawsuits are precisely the labor courts between which there is disagreement regarding the decreed separation. Therefore, the subject matter of the case is limited to resolving this disagreement, that is: a) whether the separation was appropriate with respect to a specific plaintiff, in which case the separation of the case file must be maintained and returned to the respective courts for resolution; or, b) if deemed inadmissible, return the improperly separated claim to the jurisdictional body that originally took cognizance of it, without including other claims unrelated to those that gave rise to the conflict, since this procedure would depart from the subject matter of the litigation and the scope of the conflict of jurisdiction raised by the opposing labor courts.
Supreme Court of Justice of the Nation
Digital Record: 2032109
Instance: Regional Plenary Sessions
Twelfth Epoch
Subject(s): Labor
Thesis: PR.P.T.CS. J/9 L (12a.)
Source: Judicial Weekly of the Federation
Type: Jurisprudence
INSPECTION EVIDENCE IN LABOR PROCEEDINGS
Facts: The opposing Circuit Courts of Appeals upheld contradictory criteria when analyzing the requirement established in Article 827 of the Federal Labor Law, which states that inspection evidence must be offered in the affirmative, specifying the facts it seeks to prove. While one court determined that offering such evidence requires a detailed and exhaustive account of each factual circumstance, the other held that specifying the object of the evidence and the disputed facts is sufficient to comply with the legal requirement.
Legal Criterion: Inspection evidence must be offered in the affirmative, specifying the facts or issues it seeks to prove, without this requirement being interpreted as a demand for technical rigor or exhaustive description.
Justification: Pursuant to Articles 685 and 827 of the Federal Labor Law, in conjunction with Article 17, paragraph three, of the Federal Constitution, labor proceedings are governed by the principles of simplicity, economy, and the primacy of reality over procedural formalities. Therefore, requiring an exhaustive technical narrative for the presentation of inspection evidence is disproportionate and contrary to the protective nature of labor law, as it hinders access to justice.
While the requirement that the points to be addressed in the inspection be formulated in the “affirmative” seeks clarity regarding the object of the inspection, this should not translate into an excessive burden for the offering party to provide details already contained in documents or data that are part of the litigation.
This is especially relevant when the inspection concerns documents that the employer has a legal obligation to keep.
to review and exhibit, in accordance with Articles 784 and 804 of the aforementioned law.
Supreme Court of Justice of the Nation
Digital Record: 2032268
Instance: Plenary Session
Twelfth Epoch
Subject(s): Labor Law
Thesis: P./J. 126/2026 (12th)
Source: Judicial Weekly of the Federation
Type: Jurisprudence
GENDER PERSPECTIVE IN LABOR MATTERS
Facts: A female employee sued the National Autonomous University of Mexico (UNAM) for the extension of her individual employment contract, reinstatement, and various benefits. She also stated that she suffered workplace harassment from her supervisor and that, as a result, the duration of her contract was modified, an aspect on which the responsible Board failed to rule when issuing its award.
The plaintiff filed a direct appeal for protection of constitutional rights (amparo directo), which the Collegiate Circuit Court denied, finding the grounds for appeal unfounded. It determined that there was no evidence of employment discrimination, and therefore, applying a gender perspective was unnecessary, even though the plaintiff alleged downward vertical harassment. The plaintiff filed an appeal for review.
Legal Criterion: The adjudicating authorities must apply a gender perspective when a worker alleges that she suffered downward vertical harassment in the workplace. This allegation is sufficient to consider the possible existence of an asymmetrical power dynamic and a suspect classification based on gender.
Justification: Articles 1 and 123 of the Constitution establish that protection against acts of workplace harassment derives from the obligations of both the State and employers to preserve work environments free from violence and discrimination, and to implement effective measures for prevention, attention, and punishment that guarantee substantive equality in the workplace, based on respect for human dignity.
The Supreme Court of Justice of the Nation has determined that recognizing women’s rights to a life free from violence and discrimination, as well as their access to justice under conditions of equality, requires all jurisdictional bodies to administer justice with a gender perspective. This implies judging cases considering the situations of disadvantage that, due to gender, can generate discrimination and impede equality.
When, in a labor lawsuit, the plaintiff argues that she suffered downward vertical harassment in the workplace, in order to verify whether a situation of violence or vulnerability exists, the judge must apply a gender perspective as an interpretive tool that requires: 1) recognizing the socio-cultural context in which the woman lives, and 2) eliminating the barriers and obstacles that place her at a disadvantage; this requires state protection to achieve a real and effective guarantee of her rights.
Upon detecting a situation of asymmetry that creates an imbalance between the parties, the facts must be analyzed and the necessary evidence ordered, the neutrality of the applicable law questioned, and the differentiated impact of the solution evaluated, which will address each particular situation.
Supreme Court of Justice of the Nation
Digital Record: 2032430
Instance: Regional Plenary Sessions
Twelfth Epoch
Subject(s): Labor
Thesis: PR.P.T.CS. J/18 L (12th)
Source: Judicial Weekly of the Federation
Type: Jurisprudence
ACCOUNTING EXPERT EVIDENCE IN LABOR MATTERS
Facts: The opposing Circuit Collegiate Courts upheld contradictory criteria when analyzing whether it is appropriate to admit accounting expert evidence offered for the purpose of performing mathematical operations to quantify the integrated salary or the economic awards specified in an award.
While one judge considered such evidence inadmissible, arguing that it is a legal matter to be resolved by the labor court based on the evidence presented by the parties, the other judge considered it admissible when, in the settlement proceedings, mathematical operations derived from indices and formulas stipulated in the collective bargaining agreement must be performed to quantify various economic items.
Upon learning of this contradiction of criteria, this Regional Plenary established the following point for clarification: Does the requirement to perform mathematical operations to quantify the integrated salary or the awards in a settlement proceeding arising from the payment of benefits contained in a collective bargaining agreement justify the admission of expert accounting evidence?
Legal criterion: As a general rule, expert accounting evidence is inadmissible in labor proceedings when its purpose is to quantify the integrated salary or the awards decreed in an award or judgment, a situation in which specialized technical knowledge in accounting matters is not essential.
Expert testimony.
Justification: Pursuant to Articles 776 and 821 of the Federal Labor Law, expert testimony is only admissible when it is essential for the court to rely on the opinion of specialists, due to the need for expertise in their area of expertise. Its function is precisely to provide clarity on a technical or scientific matter regarding which the jurisdictional authority lacks specialized knowledge.
Accounting expert testimony consists of an analysis carried out by a certified public accountant who thoroughly reviews financial, tax, or accounting information and legal documentation. Its main function is to provide clarity on the form, terms, or methodology for quantifying a specific monetary benefit.
In this context, the need to perform mathematical operations to quantify the monetary awards established in an award or final judgment does not justify the admissibility of accounting expert testimony, because carrying out such an activity accurately does not necessarily require specialized technical knowledge.
Consequently, the labor authority, as an expert in law, may validly perform the respective calculations based on the analysis of the evidence presented by the parties.
Therefore, the admission of accounting expert testimony in labor proceedings must be duly justified by the need for the jurisdictional authority to rely on the knowledge of a specialist in matters over which it lacks full expertise, such as knowledge of commercial, industrial, and/or financial acts or operations related to the disputed facts.
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