La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado marcada por algo más que cambios en su funcionamiento. Durante el último año, las diferencias de criterio entre sus integrantes han protagonizado diversas sesiones públicas, con intercambios de reproches, cuestionamientos y confrontaciones que han puesto en discusión las formas en que se desarrolla el debate dentro del máximo tribunal del país.
Los desacuerdos entre ministros no deberían sorprender. La función de un tribunal constitucional implica precisamente confrontar distintas interpretaciones de la ley, analizar argumentos y construir decisiones a partir de perspectivas diferentes. El disenso es parte de la vida democrática y de la independencia judicial. El problema aparece cuando las diferencias jurídicas dejan de discutirse en el terreno de los argumentos y se trasladan al ámbito personal.
Desde noviembre de 2025, los desencuentros entre ministros han sido recurrentes. Lenia Batres Guadarrama ha protagonizado varios intercambios con sus compañeros, particularmente con Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Azael Figueroa Mejía. En agosto de 2026, después de que la mayoría del Pleno cuestionara uno de sus proyectos, Batres acusó a sus compañeros de tener una «animadversión insana» hacia sus propuestas.
Las tensiones continuaron en noviembre. Durante la discusión de un asunto relacionado con una indemnización por presunta negligencia médica en el ISSSTE, algunos ministros manifestaron desconfianza respecto a que las observaciones aprobadas por la mayoría fueran incorporadas al proyecto de Batres. Días después, el 9 de noviembre, la ministra volvió a protagonizar un intercambio con Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero y el presidente Hugo Aguilar, durante la revisión de un asunto de propiedad intelectual. La discusión incluyó interrupciones y reclamos sobre el uso de la palabra, por lo que fue necesaria la intervención del ministro presidente.
Estos episodios reflejan que las diferencias dentro de la Corte no se limitan a la interpretación de asuntos jurídicos. También han alcanzado la relación entre sus integrantes y la manera en que se conducen las sesiones públicas.
La discusión no debería centrarse en exigir unanimidad. Que los ministros cuestionen proyectos, defiendan posiciones distintas o voten en contra es parte de su responsabilidad. Lo que resulta cuestionable es que los debates terminen convertidos en enfrentamientos personales, con descalificaciones y escenas que desvían la atención de los argumentos jurídicos.
Al final, no se trata de que los ministros dejen de diferir, sino de que aprendan a hacerlo sin que cada desacuerdo se convierta en un espectáculo. Porque en la Corte, debatir es necesario; perder las formas de hablar y comportarse, no debería serlo.

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