La pensión jubilatoria o de cesantía por edad avanzada constituye una dimensión del derecho al salario y merece las mismas protecciones constitucionales…
Si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, la persona quejosa sí está obligada a demostrar su interés jurídico, así como la inconstitucionalidad de la abstención reclamada toda vez que aquélla no es, en sí misma, violatoria de los derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, tanto por la Constitución General, como por los tratados internacionales
Un sindicato presentó pliego de peticiones con emplazamiento a huelga contra un organismo descentralizado federal ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México…
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas diferentes al resolver juicios de amparo directo contra la resolución que inadmite una demanda laboral y remite el expediente al Centro de Conciliación para agotar dicha fase, emitida por el secretario instructor, quien carece de facultades para ello, pues mientras uno consideró que procedía conceder…
Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito…
En un juicio laboral la demandada opuso la excepción de renuncia del trabajador, para lo cual exhibió la documental correspondiente; sin embargo, al emitir el laudo la Junta no analizó su verosimilitud, de acuerdo con el principio de primacía de la realidad…
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas encontradas al analizar si para que un tribunal laboral emprenda el estudio de la excepción de prescripción genérica prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo…
La competencia para conocer de los asuntos donde es parte una empresa que produce autopartes conocidas como fascias, corresponde a las autoridades federales,
si un contrato colectivo depositado ante el Centro Federal establece en su clausulado regirá en más de una entidad federativa, la aplicación de las leyes laborales corresponderá a las autoridades federales.
En términos del artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, la inscripción del embargo en el Registro Público de la Propiedad de la entidad debe ser gratuita.
